!Contra la militarización, de la vida y del territorio¡

MOVIMIENTO JUVENIL Y POPULAR

QUINUA

Unidad y acción

  

¡POR LA LIBERTAD DE MOVILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN

CONTRA EL CONTROL SOCIAL Y POLÍTICO DE LA POBLACIÓN!

Aunque formalmente Colombia no ha sido un país gobernado por dictaduras, como pasó en otros países de América latina marcados por largos períodos de dictaduras militares, si ha estado marcado por el uso constante de regímenes de excepción. Es el caso del Plan Laso y el documento Santa Fe, marco legal para la creación del paramilitarismo, así como el estatuto de seguridad implementado en los 70’s por el gobierno de Turbay Ayala. El F2, el B2, los servicios secretos, estos serían incorporados como organismos “normales” del control y defensa de los intereses estatales. En 1998 se impone un nuevo ciclo que inicia con el Plan Colombia, continúa con el Plan patriota en el gobierno de Uribe y su política de Seguridad Democrática,  que pretende su consolidación en las ciudades en el actual gobierno con la política de Seguridad Ciudadana.

En ningún caso se trata de políticas aisladas. Las propuestas de seguridad para los territorios tienen la finalidad de proteger los proyectos económicos basados en la renta sobre la tierra, tal como lo vemos en la actualidad en el proyecto nacional de extracción minera. Un ejemplo claro lo encontramos en Arauca donde el 80 % de la Fuerza Pública está al cuidado de las multinacionales dedicadas a la extracción de hidrocarburos, en Casanare se han creado cerca de 5 batallones en los últimos años para el cuidado de las petroleras. Por otra parte, en las ciudades se viene consolidando la venta de servicios—antes derechos fundamentales—como la salud, la educación, la participación ciudadana, unida al proceso de precarización y tercerización laboral. Para esto, se ha profundizado la marginación de las clases populares en la ciudad y la militarización, por medio de seguridad privada, policías y militares, de cada esquina.

Quizá lo más preocupante de todo esto, es el alto presupuesto que el Gobierno destina para su política (76,5 billones de pesos) y sus consecuencias nefastas de una guerra sucia contra líderes de organizaciones sociales y políticas. Prueba de esto la encontramos con datos como los de la OIT, según el cual  de cada cien sindicalistas asesinados en el mundo, sesenta son colombianos. También con cifras que hablan de 4.000 sindicalistas asesinados, 1.500 indígenas, 30.000 colombianos están desaparecidos y tenemos el “récord mundial de 4 millones de desplazados”.

Con preocupación hemos venido registrando los abusos de los que somos víctimas los jóvenes en las calles, veredas y en las universidades. Hemos manifestado nuestro rechazo a las amenazas del primer semestre de 2012 en la Universidad Distrital y en la Universidad Pedagógica Nacional por parte del grupo paramilitar “Águilas Negras” contra líderes de diferentes procesos estudiantiles; en Julio de este año, en las zonas rurales comienza a verse con preocupación una amenaza de rearme del paramilitarismo, con amenazas directas a procesos organizativos alrededor de la defensa de los derechos humanos y el territorio, incluidos los resguardos indígenas. En el 2011, se vieron amenazadas varias organizaciones populares culturales, junto a estas amenazas se ha fortalecido la presencia de vigilancia privada y las batidas, en los puntos de transporte público y concentración social.

Como hemos mencionado, no se trata de problemas aislados, se trata de la implantación a toda costa de los grandes proyectos de acumulación en el campo y la ciudad. Cabe preguntarnos entonces ¿Seguridad de quién y para quién? Son políticas que han venido quitando espacios de encuentro al joven, que lo han venido marginando de todo espacio de construcción colectiva. Se ha avanzado la descomposición del tejido social que han logrado construir las organizaciones. Cada vez resulta más difícil el reconocimiento del otro. Se ha naturalizado, bajo discursos demagógicos de seguridad, el control social y político del cual somos víctimas a diario.

Por eso decidimos declararnos como proceso juvenil, junto a aquellos que decidan construir con nosotros, en campaña permanente POR LA LIBERTAD DE MOVILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN, CONTRA EL CONTROL SOCIAL Y POLÍTICO DE LA POBLACIÓN, campaña que esperamos abone el terreno para lograr una verdadera soberanía popular sobre el territorio. Nos jugamos la dignidad del joven de levantar la cabeza para construir vida digna en medio de un país en constante saqueo y con los buitres dando vueltas sobre los que seguimos pensando alternativas. Extendemos pues nuestro llamado por el respeto a la vida en todas sus manifestaciones para la población en general y para el joven en todo el territorio nacional.

Proponemos terminar este 2012 creando y fortaleciendo los espacios de encuentro social y político que nos permitan la apropiación del territorio, y reconociéndonos como diferentes procesos de organización y expresiones de resistencia juvenil y estudiantil. Es necesario generar y fortalecer redes de resistencia, alianzas territoriales, políticas y organizativas para la construcción de poder sobre el territorio.

Hablar de las prácticas que nos podrían poner un paso delante de la alienación, salirle al paso a la doblegación hegemónica que se nos presenta con la militarización de nuestra vida pública y privada, propone pensar en nuestros pasos diarios, en los caminos que las comunidades ancestrales han venido caminando con paciencia y permanencia. Prácticas contra- hegemónicas que se materializan desde la resistencia de nuestros pueblos  indígenas, pueblos campesinos y urbanos como los encuentros de saberes, las propuestas ecológicas, las formas alternativas de justicia propia, las ollas comunitarias, la denuncia pública,  el congreso de los pueblos, la marcha patriótica, la minga social y comunitaria. Es momento de reconocernos, de organizarnos, de unificar y salir a ganar la calle.